Con la pandemia del COVID-19, las restricciones en materia de distanciamiento social en Latinoamérica y en el mundo han obligado a las empresas a reinventarse, a incrementar el uso de tecnologías disruptivas y a buscar nuevas formas de trabajo a distancia con el objetivo de generar relaciones comerciales seguras.
Después de declarado el confinamiento, el home office se volvió parte de la normalidad laboral y, a la par, desencadenó problemáticas en cuestión de seguridad electrónica. Específicamente en materia de documentos, las compañías empezaron a hacer mayor uso de la firma electrónica a fin de autentificar los acuerdos o contratos para establecer relaciones de confianza con sus clientes.
En ese sentido, la firma electrónica, que en América Latina se ha ido implementando poco a poco, es pieza clave para signar contratos a la distancia, ya que brinda seguridad y confianza a los documentos electrónicos, sin importar desde qué medio se envíen.
En el caso de los trabajadores, les permite firmar documentos en todo momento, desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo y de manera segura; mientras que a las compañías les da la posibilidad de agregar una firma digital a un documento, con lo cual pueden comprobar la identidad y autenticidad del remitente de forma rápida y sin estar presentes físicamente.
Además de promover la reducción del uso del papel, la firma electrónica permite rastrear archivos y verificar los procesos administrativos. Lo anterior disminuye fraudes electrónicos y permite brindar un servicio más eficiente en el ámbito financiero, cuidado de la salud y gubernamental, entre otros.
Contratos inteligentes en tiempo real
Actualmente, existe un mecanismo para aplicar la firma electrónica denominado smart contract o criptocontrato, cuyos datos están encriptados y permite simplificar procesos gracias a la eliminación de intermediarios. Además, ahorra costos al usuario, promueve mayor seguridad de la información, define y cumple automáticamente las reglas relacionadas con un acuerdo, por lo que tiene el poder de determinar si un activo es destinado a una persona o empresa o si debe ser devuelto a quien lo originó.
En síntesis, los contratos inteligentes ejecutan transacciones que van desde procesos legales hasta primas de seguros y acuerdos, y poseen la capacidad de automatizar procesos, controlar auditorías y hacer evaluaciones de riesgos en tiempo real.
Por otra parte, el smart contract hace uso de la tecnología de blockchain para almacenarse, con lo cual se pueden llevar a cabo transacciones comerciales en las que no se requiere de un tercero para firmar un contrato; todos los documentos van encriptados y la información está validada en varios bloques, entre otras ventajas. Esto permite que las transacciones sean autónomas, seguras, rentables y eficientes.
De acuerdo con IDC Latinoamérica, para 2022, el 20% de los servidores encriptará los datos en reposo y en movimiento en la región latinoamericana. También prevé que más del 20% de las alertas de seguridad serán manejadas por automatización basada en inteligencia artificial, y más de 5 millones de personas contarán con identidades digitales basadas en blockchain.
A nivel mundial, el blockchain también promete un gran crecimiento. Según el Foro Económico Mundial (WEF) en un estudio llamado “Building Value with Blockchain Technology: How to Evaluate Blockchain’s Benefits”, el gasto mundial en soluciones de blockchain ascenderá a más de 12.4 mil millones de dólares para 2022.
Bajo esa base, la firma electrónica y los contratos inteligentes, apoyados por el blockchain, tienen un futuro muy promisorio en América Latina y en el mundo. En el futuro próximo, será importante capacitar al personal sobre el uso de estas tecnologías, así como fomentar entre los clientes el manejo de documentos digitales encriptados, con la promesa de la seguridad y confidencialidad más allá de una simple firma autógrafa.
Esther Riveroll, Fundadora y Directora General de Alldatum Business.
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